El Derecho de no Matar

Cuando Jhonatan David Vargas fue reclutado por las Fuerzas Publicas de Colombia y detenido en un batallón por tres meses, él no sabía nada acerca de sus derechos a la objeción de conciencia. Lo que sí sabía, sin embargo, era que no quería aprender a matar.

Un miembro de la iglesia Cuadrangular en su ciudad natal de Barrancabermeja, Jhonatan creció durante la violencia entre las fuerzas de la guerrilla, paramilitares y el Estado. Él cree que sus creencias religiosas le prohíben estar involucrado en la perpetuación de la violencia.

“La verdad es que no me veo a mí mismo aprendiendo a matar, y mucho menos en una situación en la que me veo obligado a elegir entre mi vida y la de los demás.” Dice Jhonatan sobre sus creencias. “Yo no quiero participar, directa o indirectamente en la guerra. No quiero que mi mente se convirtió en un objeto militar”.

Más de un año y una detención después, la Corte Constitucional dio la razón oficialmente al objetor de conciencia, declarando que sus derechos a la libertad de conciencia, de religión y de culto fueron violados sistemáticamente por parte de las Fuerzas Publicas. Este fallo debe servir de precedente para una nueva legislación que garantice los derechos de no sólo Jhonatan, pero los demás de los objetores de conciencia en Colombia.

A llegar a la edad de mayoría,  cada hombre colombiano debe definir su situación militar, prestando servicio militar en las Fuerzas Armadas por un año o recibiendo un aplazamiento. El 16 de marzo de 2013, Jhonatan fue reclutado por el ejército nacional y fue transportado ilegalmente a un batallón en el departamento de Vichada. Una vez allí, se negó a aprender cómo disparar un arma o jurar bandera.

Cuando se le dio un permiso para ir a la casa, Jhonatan, decidió no volver al batallón, sino más bien, continuar con sus estudios. La familia percibió esta decisión como el único camino para que Jhonatan tuviera acceso a sus derechos a la objeción de conciencia.

Con la ayuda de su madre, María Becerra, y la organización Justapaz, Jhonatan comenzó una lucha jurídica para ser declarado objetor de conciencia. Como parte de esta incidencia,  la Corte Constitucional decidió revisar su caso para posibles violaciones de sus derechos.

Al mismo tiempo, las Fuerzas Publicas abrieron un proceso de penal militar contra Jhonatan, acusándolo del delito de disertación y pusieron una orden de captura en su contra.

El 4 de septiembre de 2014, durante un retén rutinario en la salida de la Universidad de Santander, la policía nacional capturó a Jhonatan. El joven fue detenido en un batallón militar en Barrancabermeja durante dos semanas hasta que la Corte Constitucional fallo en su favor. La sentencia T-314 de 2014 ordena al ejército, dentro de un período de 48 horas, que le desincorpore y expide su libreta militar.

Aunque el fallo es un precedente importante, sin embargo, los problemas más grandes que rodean el derecho a la objeción de conciencia aún no se han sido abordados. La objeción está incluida como derecho fundamental  de  la Constitución de 1991 pero no existe ninguna legislación que permite que los objetores ejerzan el derecho. Más bien, cada objetor tiene que buscar acceso a su derecho a la objeción adentro de los canales legales complejos de Colombia con la esperanza de potencialmente ser reconocido como un objetor.

El deber del Estado es asegurar que hay una ruta clara y directa que, en última instancia, impide que otros objetores como Jhonatan pasen por las mismas experiencias.

Ahora es el momento para una legislación concreta que garantice el derecho de, como dice Jhonatan, “a no aprender a matar.”

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